El contratista Héctor Madrid Reyes conducía hacia Home Depot en marzo de este año cuando otro auto lo chocó por detrás. Mientras intercambiaba información con el otro conductor, llegó un oficial de la Patrulla Estatal de Georgia y les pidió sus licencias de conducir. Madrid no tenía. El hondureño había llegado a Estados Unidos cuando era un adolescente y estaba a la espera de una audiencia en su caso de asilo.
“No hay transporte público donde vivimos, no hay Uber ni Lyft”, dijo su esposa, Jacqueline Maravilla. “Todo está a 45 minutos de distancia. Es un riesgo calculado que tenemos que correr para mantener a nuestra familia”.
Este riesgo ha aumentado para miles de familias inmigrantes bajo la administración de Trump, a medida que amplía los esfuerzos para deportar a personas sin antecedentes criminales o con cargos menores. De enero a mayo, las deportaciones de inmigrantes cuya condena más grave fue una violación de tránsito —como conducir sin licencia— se han más que triplicado: llegaron casi a 600 en mayo, según nuevas estimaciones de The Marshall Project. En total, más de 1,800 personas con infracciones de tránsito han sido deportadas en 2025.
Los inmigrantes sin condenas criminales representan dos tercios de las más de 120,000 deportaciones entre enero y mayo. Para otro 8%, la única ofensa en su historial fue la entrada ilegal a Estados Unidos. Alrededor de 12% fueron condenados por un delito violento o potencialmente violento. Los números contradicen las afirmaciones de los funcionarios de que la ley migratoria está siendo aplicada a “lo peor de lo peor” entre los delincuentes.
Las cifras son estimaciones resultado de un análisis de The Marshall Project basado en datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que fueron proporcionados al Deportation Data Project en respuesta a una solicitud de información bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). El grupo precisó que los datos podrían estar incompletos, por lo que la cantidad real de deportaciones podría ser mayor.
ICE no respondió a una petición de información sobre este tema.
Para muchos inmigrantes en riesgo de deportación, los delitos fueron cometidos muchos años atrás. Sin embargo, en lo que va del año han sido deportadas más de 600 personas cuyas condenas más graves fueron delitos relacionados con la posesión de marihuana; y en tres de cada cuatro casos, el crimen ocurrió hace al menos cinco años atrás.
“Ya no se trata en absoluto de condenas”, dijo Tim Warden-Hertz, abogado líder del Northwest Immigrant Rights Project, una organización basada en Washington. “No hay discreción. Simplemente buscan atrapar a la mayor cantidad de gente posible, como sea posible”.
Datos históricos del Deportation Data Project muestran que gobiernos anteriores también deportaron a personas sin condenas o con ofensas menores, pero los números son mayores bajo el segundo mandato de Trump. Desde la toma de posesión del expresidente Joe Biden hasta el final del año fiscal 2023 —la última fecha con datos disponibles—, más de la mitad de los deportados no tenían sentencias criminales. En ese período, un promedio de 80 personas fueron deportadas al mes solo por infracciones de tránsito. Bajo el segundo mandato de Trump, ese promedio mensual ha subido a más de 350 inmigrantes.
Algunos asesores de Trump han dicho públicamente que la meta de la administración es que ICE realice 3,000 arrestos cada día. Pero en documentos judiciales recientes, funcionarios de inmigración han negado la existencia de esa cuota.
Algunos abogados temen que la presión para sumar más deportaciones esté generando un aumento de detenciones de personas sólo por su aspecto físico, y que por eso más conductores de color estén siendo detenidos por infracciones menores de tránsito como pretexto para revisar su estatus legal. Veinte estados han aprobado recientemente leyes que incrementan la participación de la policía local en la aplicación de leyes migratorias. Y un número creciente de departamentos policiales está firmando acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional para aplicar leyes federales de inmigración, por ejemplo en paradas de tránsito rutinarias.
“Escuchamos de personas detenidas por razones mínimas, como una luz direccional rota, cruzar la línea amarilla o por tener vidrios polarizados demasiado oscuros”, dijo Paul R. Chávez, director de litigios y defensa de la organización sin fines de lucro Americans for Immigrant Justice. “La gente es arrestada por cosas muy menores, llevada a la cárcel, fichada con huellas dactilares y luego, entregada a ICE”.
Chávez señaló que muchas personas son acusadas únicamente por conducir sin licencia, un delito que la policía generalmente descubre solo después de parar al conductor. “Si te detienen y esa es la única acusación, en mi opinión es una evidencia bastante clara de perfil racial”, dijo.
El número de personas deportadas solo por delitos no violentos —como entrar en propiedad privada, no presentarse en una cita de corte, ofensas con marihuana, hurto en tiendas e infracciones de tránsito— casi se ha duplicado desde enero.
Después del accidente de Madrid, él dice que pasó una prueba de alcoholemia, pero admitió haber fumado marihuana 18 horas antes. El oficial de la Patrulla Estatal de Georgia lo arrestó con cargos por conducir sin licencia y bajo los efectos de sustancias.
Madrid dijo que su única condena previa había sido en 2019, por conducir sin licencia. En ese entonces “lo arrestaron, yo pagué la fianza, tuvo fecha en corte, pagó la multa. Ahí terminó todo”, dijo Maravilla.
Las cosas fueron diferentes esta vez. Después de que Maravilla pagara la fianza de Madrid, agentes de ICE lo recogieron y lo trasladaron al Centro de Detención Stewart, al sur de Columbus, en Georgia. Un juez le negó su liberación por el cargo de conducir bajo influencia de sustancias (DUI), en este caso por el consumo de marihuana la noche antes del accidente. La audiencia de su caso criminal no ocurrirá hasta el verano siguiente, así que Madrid tuvo que decidir entre pasar al menos un año dentro de un centro de detención remoto y sobrepoblado, o dejar a su esposa y su familia.
A inicios de julio, optó por autodeportarse a Honduras. Aunque Maravilla es ciudadana estadounidense, nunca ha subido a un avión ni tiene pasaporte. Está trabajando para ahorrar suficiente dinero para visitarlo y llevarle algunas de sus pertenencias. Los dos se habían casado apenas tres semanas antes del arresto de Madrid.
“Es un dolor profundo”, dijo el hondureño a The Marshall Project. “No estoy allá con mi esposa, no puedo ver a mi madre y darle un abrazo, o ayudarlos con lo que gano en mi trabajo. Escuchar a mi esposa llorar por teléfono ha sido algo que no se lo deseo a nadie”.
