La mujer miró su almuerzo y, por mucha hambre que tuviera, supo que no podía comérselo. El pollo del campamento para inmigrantes del ICE estaba rosado, frío y aguado; las verduras, demasiado cocidas y deshechas. Se puso una mano sobre el vientre, cada vez más abultado, y se preguntó, como hacía todos los días, si podría alimentar al bebé que llevaba dentro.
María llevaba seis meses detenida por el ICE en Texas. Cuando los agentes la arrestaron en octubre de 2025 durante una cita de control migratorio en Dallas, les dijo que estaba embarazada, según cuenta, pero aun así la esposaron y la trasladaron en autobús al Centro de Detención Bluebonnet, a unos 200 millas al oeste de la ciudad.
Durante meses, intentó hacer lo que podía por su bebé, pero sus opciones eran limitadas. La tienda del campamento vendía sobre todo comida chatarra. Las vitaminas prenatales se las surtían de forma irregular, dice. Sentía cómo el estrés y la ansiedad le pasaban factura al cuerpo y le disparaban la presión arterial, pero no podía dejar de preocuparse por lo que pasaría cuando entrara en trabajo de parto: nadie le explicaba qué plan había para la llegada de su bebé.
A medida que las semanas se convertían en meses, la ansiedad de María crecía en paralelo a su vientre.
María, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila, contó que su vida en Bluebonnet se volvió “como una pesadilla”. El estrés y la desnutrición quedaron reflejados en su historial médico. Los documentos muestran que desarrolló presión arterial alta y diabetes gestacional, y que al llegar al tercer trimestre había subido solo la mitad del peso que debería ganar una embarazada.
En abril, con ocho meses de embarazo, el ICE la liberó de forma repentina y sin explicación. Regresó a su casa, en el norte de Texas, pero su calvario no ha terminado.
"Desde que entré a este país, hice todo bien y no he hecho nada malo. Hice todo bien. Eso fue lo que a mí más me ha molestado," dijo María. "Y que no es justo que mi hijo —y toda mi familia y mi bebé— pasáramos todo esto que hemos pasado porque ha sido un gran sufrimiento."
El abogado de María, Paul Zoltan, sostiene que el ICE nunca debió detenerla, no solo por su embarazo, sino porque ella simplemente estaba cumpliendo con lo que le correspondía al presentarse en la oficina del ICE.
“La detuvieron porque la agencia ya no da prioridad a la deportación de ‘los peores de los peores’ [como pronunció tantas veces Donald Trump en campaña y aún después de volver a la Casa Blanca]”, dijo Zoltan en inglés. Él ha representado a María desde 2023.
La historia de María es solo un ejemplo de las preocupantes condiciones que enfrentan las mujeres embarazadas bajo custodia del ICE en medio de la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump, según expertos, abogados y organizaciones de defensa de los inmigrantes. En julio de 2025, una investigación de la oficina del senador estadounidense Jon Ossoff concluyó que las mujeres embarazadas detenidas por el ICE denunciaban no recibir atención médica adecuada, que se les negaban refrigerios y comidas suficientes y que se veían obligadas a dormir en el suelo por el hacinamiento.
En todo el país, el ICE ha recibido duras críticas por el maltrato a mujeres embarazadas y a sus bebés. Varios jueces se han pronunciado sobre si el ICE tiene siquiera permitido detener a personas embarazadas, citando una política de 2021 que en gran medida se lo prohíbe a la agencia. La respuesta del ICE a las denuncias de maltrato y detención ilegal de embarazadas ha sido poco clara y, en ocasiones, contradictoria.
No se sabe con exactitud cuántas personas embarazadas están detenidas. El Congreso exigía anteriormente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que publicara datos sobre cuántas personas embarazadas, en posparto y lactantes estaban detenidas cada año. Eso terminó en marzo de 2025.
En respuesta a la presión de algunos miembros del Congreso, el DHS indicó en una carta a principios de este año que, entre enero de 2025 y febrero de 2026, 498 inmigrantes embarazadas, en posparto o lactantes fueron “booked out” de la custodia del ICE, es decir, que fueron detenidas y luego liberadas. En el primer mes y medio de 2025, el ICE deportó a 363 mujeres embarazadas, en posparto o lactantes. La agencia no ha proporcionado información actualizada sobre el número de personas embarazadas ni sobre las condiciones que enfrentan.
El centro Bluebonnet remitió las preguntas al ICE; el ICE no respondió a las solicitudes de comentarios. En agosto de 2025, el DHS negó las denuncias de abusos recogidas en el informe de Ossoff sobre las detenidas embarazadas.
“Los centros de detención del ICE tienen estándares más altos que la mayoría de las prisiones estadounidenses que albergan a ciudadanos estadounidenses”, decía un comunicado público atribuido a la entonces subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “Todos los detenidos reciben atención médica integral y comidas adecuadas, y tienen la oportunidad de llamar a sus familiares y abogados”.
Cuando los agentes del ICE la arrestaron, María pensaba que lo más importante ese día sería la cita con el médico para confirmar su embarazo. Antes tenía que pasar por la oficina del ICE en Dallas para su control migratorio anual, que normalmente tardaba unos 30 minutos.
Pero nunca llegó a la cita médica. En el edificio del ICE, cuenta, los agentes la llevaron a un cuarto en el fondo, donde se enteró de que la enviarían a un campamento para inmigrantes.
Su esposo, Hugo, la estaba esperando afuera en el vehículo. La pareja llegó a Estados Unidos desde El Salvador, y María solicitó asilo en 2012 alegando que había sufrido abusos de un familiar en su país. No tiene antecedentes penales y, según los registros judiciales, su caso seguía abierto. Siempre tenía todos sus documentos listos para cualquier revisión. Ella y Hugo tienen un hijo de nueve años, ciudadano estadounidense.
Nada de eso pareció importarle al personal del ICE que la interrogó en Dallas, dice. También le dijo a dos personas, entre ellas alguien que ella cree que era un agente del ICE, que estaba embarazada.
“Y él me dijo: 'De todas formas, te voy a detener’", contó María.
Con el paso de las horas, María logró enviarle una nota a su esposo para decirle que no entrara, porque podían detenerlo a él también. Hugo tuvo que irse para cuidar a su hijo, que entonces tenía ocho años.
“Venía quebrantado, venía frustrado, venía con temor”, dijo Hugo a través de un intérprete.
María pasó las noches siguientes durmiendo en el suelo, primero en la oficina de Dallas y luego en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson (Texas), un pueblo de unos 2.500 habitantes situado a tres horas al oeste de Dallas-Fort Worth. En algún momento del año fiscal 2025, Bluebonnet fue uno de los centros más hacinados del país, según un análisis de datos de TRAC Reports. De acuerdo con el contrato del ICE con Management and Training Corporation, la empresa que administra el centro, Bluebonnet puede albergar como máximo a 1.000 personas. En su punto más alto, llegó a tener 206 personas más de las permitidas.
Después de dormir dos noches en el suelo, con dolor de espalda y de vientre, los agentes la trasladaron a ella y al resto de su grupo a una unidad tipo dormitorio.
Un abogado tomó su caso y presentó en noviembre una moción de emergencia para pedir su liberación. En diciembre, el juez federal de distrito James Wesley Hendrix rechazó la petición.
El día en que recibió el rechazo, Dan Gividen, uno de los abogados de María, dice que lloró por primera vez en décadas. Sabía de primera mano que el ICE no tenía los recursos ni el personal médico para atender a una mujer embarazada. Vio esas limitaciones, cuenta, cuando trabajó como abogado de alto rango para ICE entre 2011 y 2019.
“Es decir, apenas había suficiente personal médico [o] instalaciones dentro de los centros de detención para atender a la cantidad de detenidos que tenían hace dos años. Siempre ha sido deficiente, desde el principio”, dijo Gividen en inglés.
Bajo custodia del ICE, María desarrolló problemas de salud que pueden complicar un embarazo, sobre todo en una mujer como ella: a sus 41 años, el suyo se consideraba un embarazo geriátrico, con un riesgo más alto que el promedio. Unos análisis de sangre de octubre de 2025 mostraron que tenía el hierro bajo, según su historial médico. Dice que el ICE le daba vitaminas prenatales y suplementos de hierro, pero no de forma constante. Cuando se le acababan, a veces tenía que esperar hasta 15 días para que se los surtieran. En marzo, los análisis mostraron que tenía el azúcar alto. En abril, dio positivo en la prueba de diabetes gestacional.
Preguntó una y otra vez qué pasaría cuando entrara en trabajo de parto, pero dice que nunca obtuvo una respuesta clara. Durante meses, no supo dónde daría a luz ni qué sería de su bebé después. En una consulta, un médico le dijo que debía buscar a alguien que se hiciera cargo de su bebé, porque en el campamento no se permitían niños. María cuenta que “toda esa presión, ese pensamiento, eso fue lo que más me subió el azúcar”.
En el centro, su principal preocupación era la comida. Los trozos de pollo parecían poco cocidos y “todavía les salía mucha agua”. Le daba miedo comer cualquier carne por si no estaba bien cocinada.
La doctora Carolyn Sufrin es ginecóloga obstetra y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, donde estudia la atención médica a mujeres embarazadas bajo custodia. Sufrin explica que comer carne poco cocida es peligroso para cualquiera, pero especialmente para las embarazadas, porque pueden enfermarse mucho más gravemente que una persona promedio. Las embarazadas también necesitan consumir más calorías y más micronutrientes, como calcio y hierro, para que el feto crezca adecuadamente.
María pudo ver a un médico en un consultorio de ginecología y obstetricia cada mes de su embarazo, pero asegura que le fue imposible cuidarse a sí misma y a su bebé como necesitaba mientras estuvo bajo custodia del ICE.
En diciembre, María les dijo a los médicos del Shannon Medical Center que sentía debilidad y cansancio, según su historial médico. El médico indicó al ICE que le diera dos Ensure al día. En diciembre, cuenta María, el ICE le daba uno o dos Ensure a la semana. Y cuando sus análisis de glucosa salieron altos, dice, se los quitaron.
Durante el embarazo, una persona debería aumentar en promedio entre 25 y 35 libras para el tercer trimestre, según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. El historial médico de María muestra que, al llegar al tercer trimestre, solo había ganado 15 libras.
Un representante del Shannon Medical Center remitió las preguntas al departamento de marketing, que no respondió a las solicitudes de entrevista.
Las personas embarazadas en entornos carcelarios suelen tener dificultades para recibir la atención médica que necesitan, señala Sufrin. Incluso cuando se cumplen todos los protocolos, dice, “estar embarazada y vivir el encarcelamiento o el confinamiento es increíble y profundamente estresante y traumático”.
Los datos sobre los resultados de los embarazos de personas en prisiones y cárceles son escasos, aunque la Oficina de Estadísticas de Justicia federal ha publicado informes ocasionales. Pero, señala Sufrin, “no sabemos nada de lo que está pasando en los centros de detención migratoria”.
Ni siquiera el propio DHS parece tener información fundamental sobre las personas embarazadas que ha detenido. La agencia informó de 18 abortos espontáneos en los primeros nueve meses de la Administración, según The Guardian, y los registros muestran que dejó de contabilizarlos después de octubre de 2025.
La experiencia de María con la mala calidad de la comida coincide con lo que han denunciado organizaciones de defensa y la investigación del Senado.
La Women’s Refugee Commission, una organización de investigación y defensa legal, lleva a cabo quizá la recopilación de datos más completa sobre las condiciones de las personas embarazadas y en posparto bajo custodia del ICE, a través de su Detention Pregnancy Tracker.
Zain Lakhani, directora de derechos y justicia para migrantes de la Women’s Refugee Commission, explica que el registro ha revelado que el acceso a una nutrición suficiente ha sido un problema grave para las embarazadas.
“Nadie espera que la comida en detención sea buena”, dijo Lakhani en inglés. “No estamos hablando solo de comida mala. Estamos hablando de comida con moho, de comida congelada o incomible o infestada de insectos, ¿no? No es solo comida mala. Es comida que no se puede comer”.
Lakhani cuenta que algunas mujeres le han dicho que la proteína que recibían era pollo crudo, o que les daban un burrito de frijoles con queso cubierto de moho.
El 8 de abril, la ginecóloga de María programó una cesárea para finales de mayo, según cuenta ella. Dos días después, María fue liberada de Bluebonnet, según los registros. Ella y sus abogados afirman que el ICE no explicó por qué la soltó.
Durante los primeros días tras su liberación, María dice que sentía que su cuerpo estaba en casa, pero su mente seguía en Bluebonnet. Su hijo, que durante los primeros meses de la detención se despertaba gritando por su mamá, no se separaba de ella.
Ella y su esposo estaban felices de haberse reencontrado, pero preocupados por el embarazo. A siete semanas de la fecha prevista del parto, María tuvo que buscar rápidamente un nuevo servicio médico.
"Me detuvieron así y me sacaron así, como si nada," dijo en abril. "Y ahora que yo vea cómo hago para yo tener mi bebé, que ya no se iban a hacer responsables. Y yo perdí mi trabajo, perdí mi aseguranza porque ellos me detuvieron."
Zoltan, el abogado de María en su caso migratorio, sostiene que el ICE nunca la habría detenido ni habría dado prioridad a su deportación bajo ninguna otra Administración. En cualquier otro momento de sus 30 años representando a inmigrantes, Zoltan habría esperado que a María se le permitiera quedarse en Estados Unidos, porque tiene un hijo ciudadano estadounidense y más de una década de buena conducta.
“No les importa”, dijo Zoltan sobre el ICE bajo la actual administración. “Si pueden agarrar a cualquiera, ese cualquiera termina en una jaula”.
El 2 de junio, María dio a luz a una niña. Aunque la familia siente alivio de tenerla en casa con su bebé, vive con el miedo constante de que el ICE aparezca en la puerta y les destroce la vida.
El caso migratorio de María avanzó lentamente mientras estaba detenida. En marzo, el juez de inmigración Matthew Andrasko rechazó su solicitud para permanecer en Estados Unidos y emitió una orden de deportación. Ella apeló, pero en julio la Junta de Apelaciones de Inmigración también rechazó el recurso.
María tiene otra cita con el ICE este mes, y ella y su esposo temen que vuelvan a detenerla. Quieren quedarse en Estados Unidos, dice, para darles a sus hijos un futuro mejor. Su hijo tiene astigmatismo, dislexia e infecciones de oído recurrentes, y ella asegura que en El Salvador no recibiría la atención que necesita.
Pero a estas alturas, según Zoltan, María prácticamente no tiene opciones. Como miles de otros inmigrantes, dice, se enfrenta a una burocracia implacable, indiferente ante algo tan intrascendente como el sufrimiento de una familia.
Kaley Johnson es periodista y vive en Texas. Puede contactarla en kaleyalyssajohnson@gmail.com.