Los vehículos negros con vidrios polarizados rodearon la parada de autobús poco después de las 5.30 a.m. Era el 18 de junio de 2025, y Pedro Vásquez Perdomo y sus compañeros de trabajo tomaban café mientras esperaban a que los recogieran para ir a una obra en Pasadena, California.
De los vehículos salieron hombres armados y enmascarados que se abalanzaron sobre ellos. Vásquez Perdomo pensó que probablemente eran agentes de inmigración, pero no podía estar seguro. Los agentes vestían de civil, no llevaban placas visibles y no se identificaron. Sujetaron a Vásquez Perdomo, de 54 años, lo esposaron, le encadenaron los pies, la cintura y las manos, y se lo llevaron. Nadie le mostró una orden de arresto ni le dijo por qué lo detenían, escribió después en una declaración jurada.
“Se sintió como un secuestro”, escribió en inglés.
Los agentes llevaron a Vásquez Perdomo y a sus compañeros a B-18, un centro de procesamiento migratorio en el sótano de un edificio federal del centro de Los Ángeles. Algunos abogados habían apodado el lugar “agujero negro”, porque era difícil localizar o contactar a los detenidos ahí. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no respondió a las solicitudes de comentarios para este reportaje.
Once días antes, a unas 20 millas, otro enfrentamiento con agentes de inmigración había terminado con un hombre esposado.
Brayan Ramos-Brito, un ciudadano estadounidense de 29 años, protestaba frente a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional en Paramount cuando las autoridades federales lo acusaron de agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza. Como estaba en una protesta contra el ICE, Ramos-Brito no tenía dudas sobre quién lo estaba arrestando, según su abogado.
Fue detenido un sábado y trasladado al sur, a la cárcel municipal de Santa Ana, en el condado de Orange. Para el lunes, ya había entrado en el sistema penal federal: tenía un caso abierto, un defensor público asignado y un juez que se preparaba para revisar su detención.
Vásquez Perdomo y Ramos-Brito, ambos detenidos por agentes federales en la misma área metropolitana y en el mismo mes, entraron en dos sistemas legales muy distintos. El sistema penal federal por el que pasó Ramos-Brito, pese a sus fallas, es abierto y transparente, con los derechos y garantías que los estadounidenses se han acostumbrado a esperar.
En cambio, el sistema migratorio que se tragó a Vásquez Perdomo es opaco e impredecible, donde las personas son trasladadas de un centro de detención a otro casi sin aviso, les cuesta conseguir un abogado o avisar a sus familias de dónde están, y son deportadas a países con los que no tienen ningún vínculo en virtud de acuerdos turbios con gobiernos extranjeros.
En un caso penal, el proceso es público casi de inmediato. Un juez supervisa el procedimiento, las audiencias suelen celebrarse en sesión pública y los acusados tienen acceso a abogados; de hecho, el Gobierno asigna uno si la persona no lo tiene o no puede pagarlo. Además, los expedientes judiciales muestran la acusación del Gobierno, dónde está recluida la persona y dónde será su próxima comparecencia ante el tribunal.
Los casos migratorios son mucho más difíciles de seguir, dicen los abogados. Los agentes deben superar un umbral legal más bajo para hacer un arresto, los detenidos a menudo no pueden conseguir abogado, y los abogados muchas veces no logran averiguar dónde están recluidos sus clientes ni ver las pruebas en su contra.
Ramos-Brito es ciudadano estadounidense; Vásquez Perdomo no. Pero sus experiencias no fueron en función de su estatus en el país, sino de las características de los sistemas con los que se toparon. Cuando los inmigrantes enfrentan cargos penales, tienen más garantías que las que tendrían bajo custodia del ICE, dicen abogados de inmigración. Y en los casos raros en que ciudadanos estadounidenses han acabado en detención migratoria, también se han encontrado con más opacidad y menos salvaguardas.
Esto se debe a que el Gobierno históricamente ha tratado los casos migratorios como asuntos civiles y administrativos que no requieren las mismas salvaguardas que los casos penales.
“Está integrado en el diseño mismo del sistema de detención migratoria que (…) los tribunales puedan imponer muy poca supervisión, en parte por la naturaleza civil de la detención”, dijo en inglés César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio que estudia la intersección entre el derecho penal y el migratorio.
Desde la década de 1890, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha interpretado los procedimientos migratorios como un proceso civil cuyo resultado no debe ser punitivo. Pero “en la realidad se vive de forma muy distinta”, dijo García Hernández.
El sistema migratorio funciona cada vez más como el sistema de justicia penal, dicen los abogados, con arrestos generalizados y detenciones más duras y prolongadas.
Vásquez Perdomo acabó figurando como uno de los demandantes en Vásquez Perdomo contra Mullin, una demanda federal que impugna tanto la forma en que los agentes de inmigración detenían y arrestaban a personas en el área de Los Ángeles como la falta de acceso a abogados para quienes estaban recluidos en el centro de procesamiento migratorio B-18.
Las diferencias entre el sistema migratorio y el penal empiezan, de hecho, antes del arresto.
Vásquez Perdomo y Ramos-Brito quedaron atrapados en la misma ofensiva de control migratorio, bautizada como “Operation at Large”, que comenzó en junio de 2025. Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se habían sumado a los del ICE y se presentaban en lugares como tiendas Home Depot y autolavados sin buscar necesariamente a una persona concreta, dijo Carl Bergquist, abogado de la Coalition for Humane Immigrant Rights (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes), una de las varias organizaciones que se sumaron a la demanda.
Los agentes se guiaban por indicios generales, como el lugar donde estaba alguien, el idioma que hablaba o la ropa que llevaba, para decidir a quién detener, explicó. La demanda sostiene que esos indicios equivalían a un perfilamiento racial inconstitucional, según Bergquist.
Vásquez Perdomo, que es hispano, consideraba que su propio arresto encajaba en ese patrón. “Creo que me arrestaron ese día en la parada del autobús por mi aspecto”, escribió en su declaración.
Tanto los agentes federales de inmigración como los de las fuerzas del orden pueden hacer arrestos sin orden judicial. Los agentes policiales pueden hacerlo si están en un lugar público y presencian un delito, o si tienen motivos para creer que alguien lo cometió. Los agentes de inmigración pueden hacerlo si tienen motivos para creer que alguien está en el país de forma irregular y que probablemente se dará a la fuga antes de que se pueda obtener una orden.
Se supone, sin embargo, que los arrestos sin orden son la excepción y no la regla, dijo Lauren Wilfong, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), una de las abogadas que representan a Vásquez Perdomo y a otros en el caso. Lo habitual, explicó Wilfong, es una investigación que establezca una causa probable y desemboque en una orden de arresto.
Pero los agentes invirtieron ese orden durante la ofensiva migratoria del verano de 2025, dijo Wilfong en una entrevista en inglés.
“Le dieron la vuelta a esa lógica para decir: ‘Bueno, los agarramos ahora y ya lo justificaremos después’”, dijo Wilfong. La demanda sostenía que el ICE ignoraba el requisito del riesgo de fuga y que sus prácticas en Los Ángeles violaban la Cuarta Enmienda, que protege a las personas frente a detenciones y arrestos injustificados.
El relato de Vásquez Perdomo sigue esa secuencia invertida. Según él, los agentes ya lo habían rodeado y esposado cuando uno de ellos le pidió una identificación.
Los abogados también señalaron que es más fácil conseguir una orden de arresto migratoria. En un caso penal, el agente que hace el arresto normalmente necesita una orden firmada por un juez. Pero los agentes de inmigración pueden basarse en órdenes administrativas que la propia agencia redacta y firma, dijo Bergquist. “El nivel de prueba es más bajo” para obtener una orden administrativa, añadió en inglés.
Ramos-Brito también había sido arrestado en el acto, sin orden, pero una vez que las autoridades federales lo acusaron de un delito, su abogado pudo llegar a él rápidamente.
Dos días después del arresto, Bo Griffith, defensor público federal adjunto, ya tenía asignado el caso de Ramos-Brito y se reunió con él antes de la primera audiencia. Ramos-Brito todavía llevaba la ropa de la protesta. Tenía la camisa rota, y Griffith pudo ver moretones y raspones en su cuerpo. Parecía “haber sido golpeado”, recordó Griffith en inglés.
Griffith también tenía la denuncia penal, que había redactado un agente federal y presentado la fiscalía federal. Eran apenas unas páginas en las que se acusaba a Ramos-Brito de interferir con un agente que intentaba arrestar a otra persona y de amenazar con matar a un oficial, dijo Griffith.
“No había ninguna prueba real”, dijo Griffith. “Era básicamente un resumen de lo que los agentes alegaban que había pasado”. Pero Griffith podía contrastar esa versión con lo que le contaba su cliente y empezar a intentar refutarla. Llamó a la familia de Ramos-Brito y comenzó a reunir videos grabados por testigos de la protesta.
“Lo que mostraron los videos de inmediato fue que la denuncia estaba equivocada”, dijo Griffith.
En uno de los clips, según él, se veía a un agente empujar a Ramos-Brito, mientras que en otros se veía a los agentes tirarlo al suelo y arrastrarlo por el pavimento.
Tener tanta claridad desde el principio sobre las acusaciones del Gobierno es poco común en el sistema migratorio. Cuando el ICE detiene a alguien, la agencia elabora un formulario que indica por qué los agentes arrestaron a la persona y si consideraron que podía fugarse antes de que se obtuviera una orden de arresto. El documento muestra si un arresto fue legal, dijo Wilfong.
Pero los abogados a menudo no ven la versión de los agentes sobre un arresto hasta que el caso está muy avanzado, si es que llegan a verla. Mientras tanto, puede que solo cuenten con el relato de su cliente.
La falta de información puede extenderse al historial migratorio de una persona. Los abogados a veces tienen que presentar solicitudes de acceso a registros públicos que se mueven lentamente para obtener el expediente completo de un cliente, mientras el caso migratorio sigue avanzando, dijo Bergquist.
“Podría haber información perjudicial que solo el Gobierno conoce, pero que no te está diciendo”, afirmó.
En B-18 había un problema de información más básico: los abogados y las familias a veces ni siquiera sabían si su cliente o su familiar estaba ahí.
B-18 estaba pensado como un lugar de retención temporal donde el ICE podía procesar a las personas antes de liberarlas o trasladarlas a centros de detención de largo plazo. No tenía camas, duchas ni servicios médicos. Durante las redadas de junio de 2025, el ICE llevaba gente a B-18 más rápido de lo que podía procesarla, y llegó a tener allí a más de 300 personas, según documentos judiciales.
Cuando Vásquez Perdomo llegó a B-18 tras su arresto, compartió una sala con 52 personas, escribió en su declaración. No tenían colchones y se veían obligados a dormir en bancos de cemento o en el suelo. Solo había un inodoro que funcionaba.
Estuvo en B-18 un día y medio antes de que el ICE lo trasladara a otro centro de detención. “Tuve suerte”, escribió. “(…) Conocí a gente que ya llevaba ahí tres días, y contando”.
A veces, el personal exigía a los abogados que dieran el número de identificación migratoria del detenido, conocido como número A, para permitir las visitas, incluso cuando a esas personas todavía no se les había asignado uno, dijo Lindsay Toczylowski, abogada de inmigración y cofundadora de Immigrant Defenders Law Center, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles. Otras personas tardaban días en aparecer en el localizador en línea del ICE, o su información era incorrecta. Para cuando se actualizaba la información, el ICE ya había trasladado a algunas a otros centros, dijo Toczylowski.
El acceso limitado a los clientes se convirtió en la otra gran batalla constitucional de la demanda de Vásquez Perdomo, que argumentaba que el ICE estaba negando a las personas el debido proceso que garantiza la Quinta Enmienda.
Cuando el localizador en línea del ICE fallaba, dijo Toczylowski, a los abogados a menudo no les quedaba más remedio que presentarse en el lugar, esperar que sus clientes siguieran allí y, si era así, que les permitieran verlos. “Tenías que ir a B-18 y discutir” para “intentar averiguar si la persona que buscabas estaba ahí”, dijo en inglés.
A finales de ese mismo mes de junio, Martha Vásquez fue a B-18 a buscar a un amigo de la familia.
Agentes federales habían arrestado el 23 de junio a A.G., un trabajador de la construcción de 40 años identificado por sus iniciales en los documentos judiciales, mientras estaba estacionado frente a un Home Depot en Marina del Rey, en el condado de Los Ángeles.
“No teníamos idea de adónde se habían llevado a AG después de su arresto”, escribió en una declaración en inglés Vásquez, que no tiene parentesco con Vásquez Perdomo.
Durante un día, su familia lo buscó en vano en el localizador de detenidos del ICE. Los correos electrónicos y las llamadas al ICE quedaron sin respuesta. Finalmente, Vásquez fue al centro de la ciudad, a B-18.
Esperó horas en una fila con muchas otras personas. Los agentes, que hablaban por un intercomunicador, le decían: “Espere, le avisamos si puede pasar o no”, y luego no volvían con una respuesta. El personal también le dijo que, como tenían tantos detenidos, no podían decirle con exactitud quién estaba allí.
Al final, Vásquez dijo que tenía documentos de un abogado que necesitaban la firma de A.G. La dejaron entrar, pero le trajeron al detenido equivocado.
Cuando por fin apareció A.G., todavía llevaba la ropa con la que lo habían arrestado más de 24 horas antes. Vásquez escribió que se le veía “triste, preocupado, sucio, asustado y muy cansado”.
Lo vio por unos dos minutos.
Las dificultades que tuvo Vásquez para localizar a su amigo y luego hablar con él dejan al descubierto otra diferencia entre ambos sistemas.
En un caso penal, si alguien no puede pagar o conseguir un abogado, el tribunal le asigna uno. Ese derecho emana de la Sexta Enmienda, que se aplica a los procesos penales.
Como los casos migratorios son civiles, el Gobierno por lo general no proporciona abogado. Conseguir uno suele recaer en familiares o amigos, dijo García Hernández, el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio.
Las normas de detención del ICE de 2025 obligan a los centros a exhibir una lista actualizada de proveedores de servicios legales gratuitos y a permitir que los detenidos los llamen sin costo. Pero eso no garantiza que alguien vaya a conseguir un abogado, dijo García Hernández. Las organizaciones de la lista pueden estar a horas del centro de detención y tener una capacidad limitada para aceptar nuevos casos, añadió.
Vásquez Perdomo tuvo la suerte de contar con una red externa que se movió rápido. En la primera hora tras el arresto, miembros de la comunidad, voluntarios y personal de organizaciones ya estaban hablando con testigos, dijo Wilfong. Esa noche, los organizadores celebraron una vigilia en la parada de autobús y pidieron a cualquiera que hubiera visto los arrestos o conociera a los hombres que se presentara para ofrecer ayuda.
Hubo quienes lo hicieron, lo que ayudó a los organizadores a identificar a Vásquez Perdomo y a sus compañeros, encontrar a sus familias y ponerlos en contacto con abogados, dijo Wilfong. “Creo que así fue como logramos sortear algunos de esos problemas enormemente difíciles que son sistémicos en la forma en que estaba operando el control migratorio”, dijo Wilfong.
Días después de su arresto, los abogados de Vásquez Perdomo presentaron ante un tribunal un recurso de hábeas corpus para impugnar su detención. Más tarde, el ICE lo trasladó al Centro de Procesamiento del ICE de Adelanto, un campamento de detención de inmigrantes a unas 90 millas al noreste de Los Ángeles, donde un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza el 3 de julio de 2025. Quedó en libertad el 8 de julio, casi tres semanas después de su arresto.
Vásquez Perdomo llevaba décadas viviendo en Pasadena y trabajando como jornalero. Unos dos meses después de su arresto, dijo en una declaración actualizada que seguía teniendo intención de volver a la misma parada de autobús para buscar trabajo. Pero también evitaba salir de casa salvo que fuera necesario, por miedo a que lo detuvieran de nuevo.
Ramos-Brito, en cambio, no necesitó que se formara una red externa a su alrededor.
“Sabíamos dónde estaba”, dijo Griffith. “Su familia podía visitarlo. (…) No es que simplemente hubiera desaparecido”.
Tener acceso a su cliente le dio a Griffith una forma de cuestionar lo que le estaba pasando a Ramos-Brito mientras se tomaban las decisiones importantes de su caso. La defensa pudo presentar ante el tribunal pruebas que contradecían la versión del Gobierno y documentar las lesiones de Ramos-Brito. Y cuando un juez magistrado le negó la fianza, según Griffith, los abogados pudieron presentar un recurso por escrito ante un juez de distrito.
En la cárcel de Santa Ana, Griffith podía presentarse, mostrar su identificación y, por lo general, hablar con Ramos-Brito ese mismo día. “Tener un abogado no sirve de mucho si no puedes hablar con él”, dijo Griffith.
La fiscalía acabó rebajando el cargo contra Ramos-Brito de delito grave a delito menor. Tras deliberar poco más de una hora, un jurado lo absolvió en septiembre de 2025.
En la detención migratoria, no tener abogado, o tener dificultades para comunicarse con él, puede llevar a las personas a tomar decisiones que determinan el rumbo de su caso antes de entender sus consecuencias, dicen los abogados.
Incluso cuando un abogado logra llegar a tiempo, el acceso a su cliente puede desaparecer de un día para otro. “Me he reunido con alguien y le he dicho: ‘Bueno, mañana presentamos tu recurso, solo vamos a terminar tu declaración’”, dijo Wilfong. “Y esa misma noche lo trasladan a otro Estado y ya no puedo presentarlo”.
Los acusados en causas penales generalmente tienen que permanecer cerca del lugar donde se les imputan los cargos, para poder ser llevados de vuelta al tribunal, dijo García Hernández. El ICE no tiene ningún límite geográfico comparable en su red de centros de detención, añadió.
Más de un año después, la demanda Vásquez Perdomo ha dado lugar a órdenes judiciales sobre los dos asuntos centrales del caso. En septiembre, el fallo de un juez federal impuso nuevas restricciones al uso de arrestos sin orden por parte del ICE en Los Ángeles y los condados circundantes, y obligó a los agentes a documentar por qué creen que alguien podría fugarse antes de que se pueda obtener una orden. El juez aún no se había pronunciado sobre la acusación de la demanda de que las detenciones del ICE pueden equivaler a perfilamiento racial. Otra orden exige al ICE que garantice a las personas arrestadas y llevadas a B-18 un acceso regular y privado a abogados. El Gobierno ha recurrido esa orden, y el caso en su conjunto sigue adelante.
Pese a todas las diferencias de procedimiento entre ambos, lo que está en juego tanto en el sistema migratorio como en el penal puede ser enorme. La detención migratoria está clasificada legalmente como civil, pero puede implicar la misma privación de libertad que el encarcelamiento penal, solo que sin la supervisión ni la transparencia de un caso penal, dicen los abogados.
“Se ven igual. Se sienten igual, y son tan dañinos para las personas que están dentro como cualquier prisión federal en la que yo haya estado”, dijo Toczylowski sobre los centros de detención migratoria. Con el Gobierno actual, añadió, su uso se ha vuelto “tan descaradamente punitivo” que “la ley y la realidad no coinciden”.
La deportación puede añadir más capas de daño, como separar a alguien para siempre de su familia y su comunidad, o devolverlo a un país donde se enfrenta a persecución, tortura o incluso la muerte, dijo Toczylowski.
“Si pones los dos sistemas uno al lado del otro”, dijo, “nuestra detención migratoria civil se parece mucho más a la custodia penal que nunca”.
