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Los Resultados Electorales de las ‘Midterms’ en Materia de Justicia Penal que Quizá Pasaron Desapercibidos

De la pena de muerte en Texas a la vigilancia policial, las fianzas y los fiscales, las elecciones dejaron resultados de peso que quedaron eclipsados por los grandes titulares.

La foto muestra a la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, vestida de blanco al tiempo que habla ante el micrófono y se dirige al público.
La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa habla durante un mitin de campaña en Weslaco, Texas, en octubre 2026.

La ola demócrata que barrió el país la semana pasada cambió de manos gubernaturas, legislaturas estatales y el control del Congreso, y dejó resultados históricos en lugares como Mississippi. Pero por debajo de esos grandes titulares, el sistema de justicia penal también se estaba transformando sin hacer ruido. Ahora que las aguas han vuelto (casi) a su cauce, repasamos algunos de los resultados que quizá pasaron desapercibidos.

En ningún lugar las posibles consecuencias para la justicia penal fueron tan amplias como en Texas. La victoria de la demócrata Gina Hinojosa sobre el gobernador Greg Abbott podría anunciar cambios drásticos en la forma en que el estado aborda asuntos que van desde la aplicación de las leyes migratorias hasta la pena de muerte.

Este artículo ha sido publicado en colaboración con El País.

Una de las grandes incógnitas es el futuro de la Operación Lone Star, la iniciativa de seguridad fronteriza de Abbott, que ha costado miles de millones de dólares y ha desplegado a miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes de la policía estatal en la frontera. Hinojosa ha criticado el programa por derrochador, según informó Newsweek la semana pasada. Como gobernadora, podría reducir esas implementaciones o destinar los recursos del Estado a otros fines. Mientras tanto, las autoridades de Houston y Austin ya empezaron a recortar su cooperación con las autoridades migratorias federales justo después de las elecciones.

La victoria de Hinojosa también podría influir en la pena de muerte en Texas. La gobernadora electa se opone personalmente a la pena capital, una postura poco común para una política de un Estado tan asociado a las ejecuciones, pero su capacidad para cambiar las cosas es limitada. A diferencia de lo que ocurre en otros Estados, el gobernador de Texas no puede otorgar unilateralmente un indulto permanente para la pena de muerte, ya que esas decisiones deben pasar por la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado. Aun así, activistas contra la pena de muerte están presionando a Hinojosa para que use su poder para “frenar un poco el sistema”.

En los tribunales, las elecciones podrían tener efectos más directos. Los demócratas ganaron tres escaños en el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas, de nueve miembros, que revisa las apelaciones en casos de pena de muerte y decide si se mantienen las condenas que podrían ser erróneas. El tribunal seguirá teniendo mayoría republicana, pero entre los jueces que se van está Kevin Yeary, quien votó en contra una y otra vez de los fallos que declaraban a acusados “realmente inocentes”, según informó Texas Monthly esta semana. La nueva composición podría suponer un cambio drástico en un tribunal donde, hace apenas unos meses, se le negó a la condenada a muerte Melissa Lucio un fallo de “inocencia real” por un estrecho margen de 5 votos contra 4.

Los demócratas también se hicieron con la Cámara de Representantes de Texas. Esta semana, los legisladores demócratas, envalentonados, empezaron a presentar lo que el Texas Tribune calificó como un paquete “ambicioso” de proyectos de ley para la sesión de 2027. Entre ellos hay propuestas para derogar una ley estatal que obliga a los sheriffs a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), y otra para prohibir la construcción del muro fronterizo en los parques estatales.

Texas es una de las 12 cámaras legislativas estatales que los demócratas les arrebataron a los republicanos en todo el país. Seis estados quedaron con nuevas “trifectas” demócratas, es decir, con el partido al mando de ambas cámaras legislativas y de la gubernatura.

Los cambios podrían ser importantes no solo por lo que los legisladores impulsen, sino también por lo que dejen de lado. En Arizona, donde los demócratas ganaron ambas cámaras, los legisladores republicanos habían impulsado en las últimas sesiones proyectos de ley para exigir una mayor cooperación con las autoridades migratorias federales, incluidas propuestas para obligar a los departamentos de policía locales a reportar ciertos arrestos al ICE. La gobernadora demócrata Katie Hobbs había vetado algunas de esas medidas, y otras se quedaron estancadas. Los nuevos líderes han prometido leyes para proteger a las familias inmigrantes, aunque todavía no han dado detalles.

Los votantes de todo el país también se pronunciaron sobre el sistema de justicia penal de forma más directa, a través de consultas populares y de financiación. Tras un verano de polémica nacional por los lectores automáticos de placas de Flock Safety —cámaras que registran los vehículos que pasan y alimentan bases de datos policiales en las que se puede buscar—, los votantes de York, en Maine, y de League City, en Texas, rechazaron su uso. Apenas dos días después de las elecciones, los trabajadores municipales de League City cubrían con bolsas negras las 55 cámaras para desactivarlas mientras las autoridades tramitaban la cancelación del contrato.

En Chicago, en cambio, los votantes enviaron un mensaje distinto sobre un tipo de vigilancia policial muy diferente. Alrededor del 72% votó a favor de un referéndum no vinculante para volver a usar sistemas de detección de disparos, que emplean sensores acústicos para alertar a la policía de posibles tiroteos. El alcalde Brandon Johnson había dejado de usar el sistema ShotSpotter de la ciudad en 2024, alegando dudas sobre su fiabilidad y sobre un exceso de vigilancia policial.

Una encuesta de WTTW/NORC publicada esta semana concluyó que los residentes de la ciudad comparten esas preocupaciones, aunque también le ven ventajas a la tecnología. La mayoría se mostró preocupada por las falsas alarmas o los arrestos injustificados. Pero las personas negras y latinas que participaron, y quienes viven en zonas de la ciudad con más violencia armada, apoyaron más la tecnología que el resto de los encuestados.

Para quien quiera leer en estas elecciones el apetito de los estadounidenses por reformar la justicia penal, los resultados ofrecen una guía imperfecta. Los votantes de Indiana, Tennessee y Luisiana aprobaron enmiendas constitucionales que restringen las fianzas. Los tres son estados firmemente republicanos. Pero en Colorado, donde los demócratas obtuvieron victorias importantes, los votantes también aprobaron penas más duras para los delitos relacionados con el fentanilo o el tráfico sexual de menores.

Estos resultados encajan con una tendencia que viene de atrás. Según Ballotpedia, las 16 iniciativas estatales sobre penas, sentencias y fianzas que se han votado desde 2022 proponían políticas más punitivas. En la década de 2010, las propuestas menos punitivas eran mucho más comunes.

En varias contiendas por fiscalías locales, sin embargo, los resultados fueron otros. Ganaron varios candidatos que prometían mantener o ampliar las reformas de la justicia penal, entre ellos en el condado de Cumberland (Maine), el condado de Hennepin (Minnesota) y el condado de Forsyth (Carolina del Norte). En este último, la exdefensora pública Amara Hunter desbancó a un fiscal de distrito con muchos años en el cargo, conocido por oponerse a los esfuerzos por revisar posibles condenas erróneas.

A los proyectos de construcción de cárceles no les fue bien la noche electoral. Fracasaron las cinco iniciativas locales de financiamiento de cárceles a las que dio seguimiento Bolts Magazine. En el condado de Oklahoma, donde está Oklahoma City, los votantes rechazaron un impuesto sobre las ventas para ayudar a pagar una nueva cárcel, cuyo costo estimado se ha más que triplicado desde que los votantes aprobaron el proyecto hace cuatro años. En Dallas (Texas), los votantes tumbaron un aumento similar: los líderes municipales pedían 82 millones de dólares adicionales para una academia de policía en la que los votantes habían aceptado gastar 50 millones hace apenas dos años.

Los votantes sí estuvieron dispuestos a autorizar gastos para proyectos de seguridad pública más amplios. En lugares como Mesa (Arizona) y el condado de Loudoun (Virginia), aprobaron desembolsos millonarios para mejorar los servicios de policía y bomberos.

Los votantes de Florida, por su parte, aprobaron un amplio recorte del impuesto sobre la propiedad que podría tener consecuencias importantes para los presupuestos de los gobiernos locales y, posiblemente, para la justicia penal. Los analistas del Estado calculan que la medida reducirá los ingresos locales en casi 5.000 millones de dólares solo en su primer año, y los responsables de las fuerzas del orden y los bomberos locales advierten de posibles recortes de personal, sobre todo en las zonas rurales, donde será más difícil reemplazar esos ingresos.

“La Enmienda 3 va a quitar fondos, y eso significa que va a sacar a agentes de las calles”, dijo el sheriff del condado de Gadsden, Morris Young, antes de las elecciones, según informó el Tallahassee Democrat.

Tags: →Segundo Gobierno de Trump →Detención →Servicio de Control de Inmigración y Aduanas →Política →Condiciones en Cárceles y Prisiones →Inmigración