“¿Estás listo para defender la patria?”.
“ESTADOS UNIDOS TE NECESITA”.
Estos son algunos de los últimos llamados de una campaña de reclutamiento multimillonaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que busca desde hace meses contratar a miles de nuevos agentes y personal de apoyo para acelerar las deportaciones en todo el país.
Hasta septiembre, la ofensiva parecía estar funcionando: la agencia anunció que había recibido unas 150,000 aplicaciones. Algunos de los aspirantes son recién graduados universitarios. Otros buscan un cambio de carrera. Pero un grupo ha resultado ser tan controversial como codiciado por ICE: los policías locales y estatales.
Varios jefes de policía y alguaciles han acusado a ICE de intentar robarles a sus agentes, al alegar que funcionarios de ICE les han enviado correos electrónicos ofreciéndoles incentivos monetarios para que dejen sus empleos en estados como Florida y New Hampshire.
Algunos de los correos de ICE parecen estar dirigidos específicamente a empleados de agencias que ya habían accedido a juramentar a sus oficiales como agentes federales a medio tiempo para ayudar a localizar y detener a inmigrantes indocumentados.
“Alguien en Washington va a perder su trabajo por esto, porque es ridículo”, dijo en agosto Wayne Ivey, alguacil del condado Brevard, en Florida, al referirse a los correos de reclutamiento que llegaron menos de dos meses después de que él prometiera disparar “a matar” a cualquiera que agrediera a los agentes de ICE.
Otros alguaciles de Florida, como Grady Judd, del condado Polk, y Mike Chitwood, del condado Volusia, expresaron a la prensa sentimientos parecidos este verano, al afirmar que funcionarios de ICE contactaron a sus agentes con información que los propios alguaciles les proporcionaron.
El gobierno federal también está enfocando su reclutamiento en fuerzas policiales en “ciudades santuario”. En Atlanta, las autoridades federales gastaron casi un millón de dólares en apenas una semana en una campaña diseñada para atraer a agentes de policías locales en instituciones en las que, según ICE, se les ordena “no intervenir mientras peligrosos ilegales” están libres.
Esta ofensiva está dificultando que las agencias policiales locales y estatales recluten y retengan a sus oficiales, un problema que ya les afectaba desde antes de la pandemia de covid-19. Hace tres años, mi entonces colega Weihua Li y yo documentamos cómo el éxodo continuo de policías era parte de una tendencia general de personas que abandonaban sus empleos en organismos públicos para dedicarse a emprendimientos o a trabajos más lucrativos en el sector privado.
Los jefes de policía y alguaciles nos dijeron que estaban haciendo lo posible para atraer y retener a buenos agentes, ofreciendo incentivos en efectivo, reduciendo los requisitos de capacitación y educación, eliminando las restricciones de edad e incluso presionando para flexibilizar los requisitos de ciudadanía en algunos lugares. Desde entonces, otros líderes policiales han calificado el reclutamiento y la retención entre sus mayores desafíos, además de los crímenes violentos.
Ahora se enfrentan a una dura competencia con los reclutadores de ICE, quienes ofrecen más beneficios que la mayoría de las agencias locales o estatales: hasta $50,000 en bonos de ingreso, $60,000 en reembolso de matrículas y 25% adicional para algunas posiciones de agentes especiales.
Pero la campaña no parece estar funcionando en todos lados. Esta semana, el Departamento de Policía de San Francisco reportó el mayor repunte de reclutamientos de los últimos cinco años. Y en Oakland, los líderes policiales unieron esfuerzos con la NAACP (Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color) para reemplazar a los seis oficiales que en promedio pierden cada mes por jubilación u otras causas. Es una estrategia que difícilmente pueden usar agencias federales como ICE, bajo el mando de un gobierno que ha abandonado abiertamente las iniciativas de diversidad durante este segundo mandato de Trump.
Las promesas que ICE está utilizando para captar nuevo personal tampoco resultan atractivas para todos. Un oficial en San Diego dijo al diario Washington Examiner que los incentivos financieros de ICE no eran suficientes para que él dejara su trabajo actual.
Para empezar, el bono de $50,000 se paga en incrementos anuales de $10,000 y requiere un compromiso laboral de cinco años. Y en estados como California, donde la oferta salarial está entre $49,000 y $89,000 para los oficiales de deportación de ICE, los policías pueden ganar aproximadamente lo mismo trabajando en sus propias comunidades.
Algunas agencias en California incluso han ofrecido mejores incentivos que ICE para las nuevas contrataciones. En 2023, el Departamento de Policía de Alameda fijó un bono de entrada de $75,000 a los oficiales que vinieran de otras agencias, además de un salario inicial de seis cifras. Aun así, el departamento tiene dificultades para reclutar.
Los oficiales también podrían estar considerando algo más que el dinero, dice Jim Burch, presidente del Instituto Nacional de Policía (National Policing Institute). Burch recuerda una mesa redonda para líderes policiales que su organización organizó el año pasado en Phoenix. Cuando surgió el tema del reclutamiento y la retención, dijo, le sorprendió escuchar que los jefes y alguaciles de las grandes ciudades tenían más dificultades para reclutar que sus contrapartes suburbanas, a pesar de que las ciudades grandes suelen ofrecer mejores salarios.
Descubrió que muchos oficiales preferían trabajar en agencias más pequeñas, aunque pagaran menos, siempre que las comunidades y los líderes locales mostraran un historial de apoyo a las fuerzas policiales. Burch se pregunta por qué oficiales que disfrutan de un ritmo de trabajo más ligero y un entorno menos caótico cambiarían sus empleos por otros con horarios más largos que parecen tener los agentes de ICE, enfrentándose posiblemente a más situaciones violentas, a la indignación pública y a protestas.
Pero por otra parte, Burch dijo que los agentes de ICE trabajan en un entorno donde reciben un apoyo incomparable por parte del liderazgo interno y de la administración Trump.
“Creo que será interesante volver a ver esto dentro de diez años y analizar quién aceptó estos trabajos, qué ocurre con sus carreras a largo plazo y dónde estarán”, dijo Burch sobre el reclutamiento de ICE.
